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Pide dejar establecido que durante el desempeño dentro de la Comisión de Participación Comunitaria, ninguna persona integrante podrá “ejercer violencia política por razón de género en contra de las mujeres integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria”.
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La violencia política contra las mujeres en razón de género es excluirlas de la esfera pública, inhibir su participación política desde cualquier ámbito de representación comunitaria, popular o algún cargo de elección, señala.
La diputada de Morena en el Congreso capitalino, Nancy Núñez Reséndiz, presentó una iniciativa para reformar el artículo 93 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México con el objetivo de visibilizar la violencia política por razón de género en contra de las mujeres en relación a las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO).
Al presentar la propuesta durante la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de Donceles, la representante popular por Azcapotzalco precisó que se busca adicionar la fracción VII en el artículo 97 del ordenamiento para dejar establecido que durante el desempeño dentro de la Comisión de Participación Comunitaria, ninguna persona integrante podrá “ejercer violencia política por razón de género en contra de las mujeres integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria”.
“El que esta modalidad de violencia permanezca invisibilizada nos parece grave, ya que no podemos permitir que ninguna mujer, viva en silencio las consecuencias de la violencia en su contra, incluida la violencia política por razón de género, que no solamente puede resultar en un ataque directo en contra de las mujeres sino también contra sus familiares, y conocidos”, comentó.
Consideró que el objetivo de la violencia política contra las mujeres en razón de género es excluirlas de la esfera pública, inhibir su participación política desde cualquier ámbito de representación comunitaria, popular o algún cargo de elección.
La intención es mantener y perpetuar las relaciones jerarquizadas entre mujeres y hombres, para que ellas permanezcan en un lugar subordinado, se busca de forma muy clara desalentarlas de ejercicio de sus derechos políticos y atentar contra su dignidad, aseveró.
En la propuesta, la legisladora pidió establecer, en las posibles sanciones a través del Reglamento emitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, “no permitir que las personas agresoras puedan seguir ocupando un espacio de representación comunitaria y seguir ejerciendo acciones de violencia, ya que esto propicia la normalización de la violencia contra las mujeres, así como inhibir su participación y desarrollo profesional y político”.
“Si bien existen avances en torno a este tema, con diversas reformas que se han presentado en torno a la violencia política por razón de género en contra de las mujeres, existen ordenamientos en los cuales aún no se ha visibilizado la problemática y es necesario que no sólo se nombre, sino también se contemplen las posibles consecuencias y sanciones que tendrían las personas que cometan esta modalidad de violencia y que podrían estar inhibiendo la libre participación de las mujeres, así como su derecho a una vida libre de violencia”, subrayó.
La legisladora recordó que de acuerdo al Informe de Violencia Política en México, del 1er Trimestre 2019, realizado por la consultora Etellek, 79 mujeres políticas fueron amenazadas de muerte y una asesinada (276% más que el mismo trimestre de 2018).
Dijo que de acuerdo con la consultora, de las 79 mujeres que fueron objeto de hechos de violencia, 68 se desempeñan actualmente como representantes y autoridades electas, en el mismo trimestre de 2018.
