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La pensión de adultos mayores es una conquista histórica de la izquierda que abona en la lucha contra las injusticias sociales, afirma la diputada Leticia Estrada.
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Señala que, en atención al principio de progresividad, este derecho constitucional puede ir aún más allá para extender su potencial de beneficios a quienes viven fuera del país.
La diputada de Morena en el Congreso capitalino, Leticia Estrada Hernández, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual propone que los mexicanos y las mexicanas que residan en el extranjero tengan derecho a recibir la pensión de Adultos Mayores que actualmente otorga el gobierno federal, y que se reduzca la edad a 65 años para recibirla.
La pensión de adultos mayores es una conquista histórica de la izquierda que abona en la lucha contra las injusticias sociales y se convirtió en un referente de inclusión social, primero en el Distrito Federal, cuando asumió el poder Andrés Manuel López Obrador, y ahora en todo el país, desde que en 2020 se convirtió en un derecho constitucional, afirmó.
Durante la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de Donceles, la diputada Estrada Hernández consideró que, en atención al principio de progresividad, este derecho constitucional puede ir aún más allá para extender su potencial de beneficios a quienes viven fuera del país.
La congresista mencionó que la iniciativa, turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, tiene como primera finalidad, ampliar el ejercicio de este derecho a todas las mexicanas y a todos los mexicanos mayores de 65 años, y no sólo a quienes ya cumplieron los 68. Lo anterior en razón de que las Reglas de Operación del Programa Social ya contempla que se pueda entregar a aquellos mayores de 65 años.
En segundo lugar, dijo, se propone extender este beneficio a todas las personas de 65 años y más que residen en el extranjero, y no únicamente a quienes radican en territorio nacional.
Con estas dos modificaciones, se busca consolidar este avance en la Constitución y otorgar mayor protección a más personas adultas mayores, así como evitar retrocesos en gobiernos futuros, precisó Estrada Hernández.
Asimismo, mencionó que está iniciativa también es un reconocimiento a las personas mayores de las familias de más de 12 millones de connacionales, hermanas y hermanos que viven en otro país y constituyen casi el 10% de nuestra población, y que, como se sabe y nos da orgullo, aportan ni más ni menos que 58 mil millones de dólares anuales en remesas, lo que inyecta el 4% del Producto Interno Bruto a nuestra economía.
De aprobarse la iniciativa, se reformaría el párrafo décimo quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dejar establecido que: “Las personas mayores de sesenta y cinco años, que vivan en el territorio nacional o residan en el extranjero, tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley”.
