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Señala que toda conducta de violencia política contra la mujer debe ser sancionada, sin excepción, sin privilegios, sin fuero y sin impunidad.
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Un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria evidenció que el 81.8% de mujeres legisladoras en el mundo han sido víctimas de violencia psicológica; el 21.8%, de violencia sexual; el 25.5%, de violencia física, y el 32.7%, de violencia económica, subraya.
Tras denunciar que la violencia que viven las legisladoras en el Congreso capitalino, por parte de Diputados, se ha convertido en un acto cotidiano, la diputada de Morena, María de Lourdes Paz Reyes, presentó una iniciativa reformar los artículos 29 y 66 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Al presentar la propuesta durante la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de Donceles, la representante popular dejó en claro que “a las mujeres todavía nos cuesta mucho llegar al poder, y ejercerlo también tiene costos altos, pues éstas se enfrentan a la violencia no solamente cuando pretenden ser candidatas y ganar un cargo de elección popular, sino cuando llegan a ser electas y pretenden ejercer”.
Dijo que las investigaciones demuestran que las mujeres se enfrentan a la “violencia política y a muchos otros obstáculos en el ejercicio de su labor parlamentaria, y que dicha violencia persiste, aunque conformemos la mayoría de la integración de los órganos legislativos, como ocurre precisamente en el caso de la Ciudad de México”.
Los Congresos mexicanos no son ajenos al fenómeno de la violencia en contra de las mujeres que se registra en los órganos legislativos en el mundo, afirmó la legisladora Paz Reyes, quien para demostrar su dicho presentó un estudio realizado por la Unión Interparlamentaria que evidenció que el 81.8% de mujeres legisladoras en el mundo han sido víctimas de violencia psicológica; el 21.8%, de violencia sexual; el 25.5%, de violencia física, y el 32.7%, de violencia económica, subrayó.
Señaló que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el apartado A, numeral 6 del artículo 29 y el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución Política de la Ciudad de México, tiene como objetivo establecer que las y los diputados del Congreso de la Ciudad son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo, excepto quienes a través de sus dichos lleven a cabo violencia política en razón de género.
Comentó que en la Ciudad de México y en otras entidades federativas, tanto en el ámbito local como federal, las autoridades jurisdiccionales han sentado como precedente la imposibilidad de sancionar a un legislador o legisladora que, en el ejercicio de sus funciones y bajo la protección de la inmunidad parlamentaria, ejerza violencia política de género con sus dichos u opiniones; es decir, la inmunidad parlamentaria prevista en la Constitución, permite a los legisladores pronunciar opiniones que pudieran significar violencia política en contra de las mujeres sin que puedan ser sancionados, consideró.
Asimismo, destacó la necesidad de generar condiciones de igualdad sustantiva, lo cual exige que no existan nichos legales que privilegien conductas ilícitas, que fomenten la violencia política contra la mujer y que genere inmunidad o, en este caso, impunidad; en otras palabras, toda conducta de violencia política contra la mujer debe ser sancionada, sin excepción, sin privilegios, sin fuero y sin impunidad, aseveró.
La legisladora de Iztacalco señaló que en los últimos años se ha registrado un incremento sin precedentes en la incorporación de las mujeres a los órganos legislativos y otros espacios de poder en nuestro país, sin embargo, la llegada de las mujeres a dichos puestos aún no ha sido suficiente para modificar las estructuras generizadas conforme a las cuales operan, a efecto de revertir la discriminación que enfrentan de manera constante.
La propuesta para reformar la Constitución local fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias para su análisis y dictaminación.
