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Actualmente no existe ningún tipo de penalidad o sanción para castigar este delito, aunque se sabe que desencadena o provoca la interrupción de servicios públicos o básicos como la energía eléctrica, el servicio de telégrafos, el servicio telefónico, afirma diputada Guadalupe Espinosa
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En la CDMX de 2019 a enero de 2023, el Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó el robo de 14 kilómetros de cable de cobre, señala.
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Agrega que también la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó el robo de 1,208 kilómetros de cables de cobre de 2015 a 2020, sobre todo en las zonas Centro Oriente y Valle de México, lo que suma un daño económico por 273 millones 800 mil pesos.
La legisladora morenista propone imponer de dos a seis años de prisión, así como una multa de entre 60 a 600 días dependiendo del monto de lo robado estimado en la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, “cuando el objeto de lo robado sea cable de cobre y este se encuentre en su posesión para su almacenamiento compra, venta, distribución y/o transportación, sin consentimiento de contratistas, permisionarios, distribuidores o quien pueda disponer de ellos de manera legal, o bien cuando el robo del cable de cobre se realice de manera flagrante, y el peso de lo sustraído exceda de los 5 kilos”.
Actualmente no existe ningún tipo de penalidad o sanción establecida en el Código Penal para castigar este delito, aunque se sabe que desencadena o provoca la interrupción de servicios públicos o básicos como la energía eléctrica, el servicio de telégrafos, el servicio telefónico, entre otros, dijo.
La legisladora expresó que, pese a que se prevé en el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal penas de dos a seis años de prisión a quienes cometan el delito de robo contra el equipamiento y mobiliario urbano, no ha sido posible erradicar el robo de este tipo de material mismo que afecta e interrumpe el flujo de electricidad, telecomunicaciones, transporte y suministro de agua; originando con ello un riesgo tanto para la seguridad pública nacional y de nuestra Ciudad.
“El robo de cable de cobre no es un tema nuevo en nuestro país y la Ciudad, pues este delito se ha incrementado en los últimos años en todo el país”, señaló la diputada Espinosa de los Monteros García, quien afirmó que tan sólo en la Ciudad de México de 2019 a enero de 2023, el Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó el robo de 14 kilómetros de cable de cobre”.
“En 2022 fueron 32 toneladas lo equivalente a 4.7 kilómetros, lo que le implicó un gasto de 50 millones de pesos por parte del seguro para reposición de lo robado”, reportó.
“Este tipo de perdidas le cuesta al Sistema de Transporte Colectivo Metro 50 millones de pesos la reposición de lo robado, pues el costo de compra va de los 800 y 1000 pesos el metro del cable procesado para la instalación, en este sentido y sobre el costo de la compra de lo robado en pesos, por kilo de cobre se suele pagar entre 120 a 130 pesos”, precisó.
Por esos hechos, agregó, las autoridades del Metro, han interpuso 57 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), y derivado de las investigaciones se han detenido a probables responsables.
Comentó que, de acuerdo al Sistema de Transporte Colectivo Metro, los tramos con mayor incidencia de robo de cable de cobre son: Cuatro Caminos-Panteones y Xola-Taxqueña, de la línea 2; Indios Verdes-La Raza, en la línea 3; Instituto del Petróleo-Valle Gómez y Aragón-Oceanía, de la línea 5; Pantitlán-Guelatao, de la línea A, y Ciudad Azteca-Bosque de Aragón, en la línea B.
La legisladora dijo que también la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó, en sus 16 divisiones de norte a sur, 1,208 kilómetros de cables de cobre robados de 2015 a 2020, sobre todo en las zonas Centro Oriente y Valle de México, lo que suma un daño económico por 273 millones 800 mil pesos.
Ante ello la empresa pública ha interpuesto 2 mil 668 denuncias, de acuerdo con datos de la Unidad de Transparencia de la paraestatal, abundó.
“El robo de cable de cobre, que se han empleado para el ofrecimiento de los distintos servicios públicos, se cuadruplicó en cuatro años en todo el país, delito que ha afectado de manera directa a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal que ha perdió cerca de 488 millones de pesos en nueve años”, refirió.
Afirmó que la comercialización del cable de cobre robado ha generado un mercado negro al encontrarse en la ilegalidad, por lo que se desconoce la verdadera magnitud del problema, aunque es claro que ha crecido sin control en los últimos años.
Dijo que el simple robo del cable es un delito federal cuando se comete en perjuicio de empresas que prestan servicios públicos federales (tales como Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Sistema de Transporte Colectivo Metro o Telecomunicaciones de México, o cuando el robo se lleva a cabo en inmuebles incorporados al patrimonio de alguna dependencia federal), pero esta conducta además de menoscabar el patrimonio federal también trae como consecuencia la interrupción de un servicio público, lo cual puede afectar también a miles de personas e incluso a la economía nacional
