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“Combatir la corrupción y la ineficiencia empresarial, gubernamental e institucional no solo reduciría la impunidad y los delitos, sino que también liberaría fondos y recursos para inversiones muy necesarias”, señala.
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Advierte que “los efectos de la corrupción tienen un gran alcance: pueden socavar la estabilidad política, social y económica, y en última instancia, amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto”.
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“La tasa de prevalencia de corrupción pasó de 12,590 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015, a 14,635 en 2017; mientras que la incidencia pasó de 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes a 25,541 en 2017”, anotó.
El diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Alberto Martínez Urincho, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de fortalecer y hacer más efectiva y eficiente la aplicación de la norma sobre las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.
Durante la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de Donceles, el legislador morenista estableció que “combatir la corrupción y la ineficiencia empresarial, gubernamental e institucional no solo reduciría la impunidad y los delitos, sino que también liberaría fondos y recursos para inversiones muy necesarias”.
De hecho, agregó, el Banco Mundial estima que este problema social representa el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Por ello, es necesario impulsar un nuevo marco constitucional y legal que permita adoptar un paradigma anticorrupción mucho más efectivo y eficiente, así como una estrategia institucional, integral y nacional para prevenir y sancionar los hechos de corrupción, subrayó.
El representante popular por la Alcaldía Gustavo A. Madero dijo que la corrupción es un fenómeno lamentable que en el ámbito mundial genera desigualdad, pobreza y rechazo generalizado, además de que obstaculiza el desarrollo y hacer huir a la inversión.
“Debilita los sistemas judiciales y políticos que tendrían que estar al servicio del bien público. No es sorprendente, pues, que, a medida que se menoscaba el imperio de le ley y se hace caso omiso de la voz del pueblo, disminuya la confianza de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y las instituciones oficiales”, subrayó.
El diputado Martínez Urincho reiteró que “allí donde está presente, este azote abarca a funcionarios públicos, hombres de negocios y particulares, que cometen actos ilícitos como la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, el soborno y el cohecho. Algunos ejemplos escandalosos son los funcionarios públicos que roban miles de millones de dólares de las arcas de sus países y las empresas multinacionales que pagan jugosos sobornos para obtener contratos públicos lucrativos”.
“Los efectos de la corrupción tienen un gran alcance: pueden socavar la estabilidad política, social y económica, y en última instancia, amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto”, advirtió.
El legislador alertó que la corrupción abona el terreno para que se lleven a cabo actividades en relación con la delincuencia organizada e incluso con el terrorismo, ya que los delincuentes se ven favorecidos por la complicidad de funcionarios públicos corruptos.
Señaló que la corrupción es el segundo problema que más preocupa a la población mexicana y se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional. “La tasa de prevalencia de corrupción pasó de 12,590 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2015, a 14,635 en 2017; mientras que la incidencia pasó de 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes a 25,541 en 2017”, anotó.
En cuanto a la confianza en personas, instituciones o actores de la sociedad, que presenta la población nacional se estima que las personas confían más en sus familiares, así como en las universidades públicas, con 87.3% y 76.8% respectivamente, refirió.
En contraste, el menor grado de confianza es de 17.8% hacia los partidos políticos, seguido por Cámaras de Diputados y Senadores, Gobierno Federal, Ministerio Público, Gobiernos estatales y municipales, policías, sindicatos, jueces y magistrados, institutos electorales, medios de comunicación, servidores públicos y empresarios, todos ellos por debajo del 38.7% de confianza, concluyó.
Al presentar la iniciativa turnada a Comisiones para su análisis y dictaminación, el diputado morenista comentó que sobre los costos directos de la corrupción que se generan por el dinero, regalos o favores que se apropian los servidores públicos cuando la población o las empresas realizan algún trámite o servicio, se estimó que, a nivel nacional y durante 2021, el costo promedio fue de 3 mil 044 pesos por persona en términos reales.
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