En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política de la Ciudad de México a efecto de establecer al Congreso capitalino la realización de consultas públicas necesarias para la obtención de información, aprobación e incluso un criterio más amplio de las personas con discapacidad, personas de los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes.
La Diputada señaló que desde el inicio de la segunda legislatura ha trabajado por la dignificación, revalorización y consolidación de los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad; indicó que el paso más trascendental que ha llevado a cabo fue la consulta a personas con discapacidad realizada en los meses de febrero y marzo del presente año, derivada de la resolución motivada por las acciones de inconstitucionalidad 41 / 2018 y su acumulada 42 / 2018 relativa a la ley para la atención integral de las personas del síndrome de Down de la Ciudad de México al igual que la resolución 244 / 2020 recaída en la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México.
En este sentido indicó que el proceso de consulta realizado en meses pasados ha sido único e histórico en la vida pública de la ciudad, debido a ser la primera vez que se escucharon organizaciones de personas con discapacidad y de las mismas personas con discapacidad.
Recalcó que con la consolidación de una democracia participativa; en la cual, la toma de decisiones que lleguen a afectar directamente los derechos de las personas con discapacidad, debe ser el principio rector por el que las y los legisladores deben encaminar su actuar legislativo al presentar iniciativas que realmente busquen mejorar las condiciones de vida de todas y todos.
“Es imperante la necesidad que tienen los Congresos locales de realizar estos procesos de consulta, no puede, ni debe entenderse como una potestad del legislador, sino más bien una obligación irrenunciable con la cual, las y los diputados, senadores, parlamentarios o cualquiera sea la denominación de este cargo de elección popular, deben comprometerse en entender y comprender las necesidades reales de estos Grupos de Atención Prioritaria”.
En este orden de ideas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos mencionó una iniciativa presentada en el pleno del Congreso Local de la mano del colectivo “Decidir es mi derecho”, la cual pretende transitar de un sistema obsoleto de inconstitucionalidad llamado estado de interdicción a un sistema de apoyos y salvaguardias para que con ello garantizar en todo momento el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía e independencia de las personas con discapacidad aún se encuentra en proceso de dictamen nación.
“Dicha iniciativa es y seguirá siendo una iniciativa que nació de las mismas personas con discapacidad, es por lo cual este Congreso capitalino, como ente garante de consolidar los derechos de las personas a través de las modificaciones legislativas, no puede ser omiso en la implementación, aplicación, respeto y protección de los derechos humanos emanados de los tratados internacionales”
La iniciativa presentada busca reformar la constitución política de la Ciudad de México para garantizar que el Congreso Capitalino utilice todos los recursos materiales, humanos y económicos a su alcance para consolidar un Estado democrático, participativo, incluyente y con un enfoque de derechos humanos para la toma de decisiones legislativo poniendo en el debate público las propuestas de modificaciones legislativas que las y los legisladores presenten en materia de personas con discapacidad mediante la implementación de un sistema de consultas públicas.
“No omito mencionar que al día de hoy se encuentra en la Junta de Coordinación Política de este congreso legislativo, la posibilidad de aprobar el acuerdo para llevar a cabo las consultas a personas con discapacidad relativa a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 30 / 2021 para invalidar la ley de la atención, visibilización e inclusión social de personas en condición del espectro autista en la Ciudad de México, por una ciudad innovadora de derechos y libertades plenas, continuaremos trabajando hasta que la protección de los derechos humanos se vuelva costumbre”, finalizó.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.
