- “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”, establecen las legisladoras Ana Francis López y Nancy Núñez.
- Señalan que en la actualidad no existen personas abogadas de oficio indígenas, por lo que una de las tareas de la Defensoría Pública de la Ciudad de México será contar con personas defensoras especializadas en perspectiva de género e interculturalidad.
La propuesta de las legisladoras morenistas destaca la necesidad de que las personas defensoras públicas que brinden atención a personas indígenas, se capaciten en materia de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad.
Señalan que para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberá tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales de las comunidades indígenas.
“Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”, establecieron las representantes populares.
Las diputadas insistieron en que en cualquier procedimiento judicial, se debe tomar en cuenta las costumbres y las especificidades culturales del que sea parte la persona que se auto adscriba como integrante de una comunidad indígena. Entre estos derechos se encuentra el ser asistido por intérpretes y defensores que cuenten con conocimientos como traductores o intérpretes en lengua indígena, conozcan la cultura, lengua, usos y costumbres de los pueblos indígenas, y tengan conocimientos técnicos especializados para llevar a cabo una adecuada defensa”, resaltaron.
Y es que, consideraron, existen vacíos en la Ley de Defensoría Pública del Distrito Federal respecto al derecho de los pueblos y comunidades originarios para acceder a la jurisdicción del Estado, lo cual es contrario al artículo Segundo, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía.
En el texto, las diputadas Ana Francis López y Nancy Núñez comentaron que las mujeres indígenas pueden ser víctimas de violencia de género y discriminación tanto dentro como fuera de sus comunidades, por lo que garantizar su acceso a la justicia es esencial para abordar estas cuestiones y garantizar su seguridad y bienestar.
En tal sentido, es importante que las mujeres indígenas tengan la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones y la representación en sus comunidades, así como en procesos legales y políticos a nivel estatal, dijeron.
En la actualidad no existen personas abogadas de oficio indígenas, por lo que una de las tareas de la Defensoría Pública de la Ciudad de México será contar con personas defensoras especializadas en perspectiva de género e interculturalidad, lo cual beneficiará tanto a las personas profesionales del derecho como a las personas sujetas a algún proceso, comentaron.
En este sentido y toda vez que las personas indígenas son frecuentemente discriminadas y maltratadas por los servidores públicos que fungen como personas defensoras públicas, debe incluirse la perspectiva de género e interculturalidad, finalizaron.
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